El Congreso autoriza indemnizar sólo al último expresidente del Tribunal de Cuentas

Este curso político en el Congreso también comenzó con cierto revuelo por las traídas y llevadas indemnizaciones a ex altos cargos. Dos expresidentes del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto –máximo representante de la institución durante diez años (1997-2007)– y Manuel Núñez (2007-2012), solicitaron al Congreso poder cobrar su pensión indemnizatoria por cese, de unos 180.000 euros en cada caso. A ellos se sumó la petición de María Luisa Cava de Llano, que ejerció el puesto de Defensora del Pueblo en funciones desde que venció el mandato de Enrique Múgica en 2010 hasta el nombramiento, el pasado julio, de Soledad Becerril. 

La Mesa de la Cámara decidió evacuar consultas a los letrados, preguntarles si los tres casos se ajustaban a la ley. El informe se reclamó hace dos semanas y hoy estaba ya listo. Finalmente, el órgano de gobierno del Congreso ha aceptado por unanimidad y a pies juntillas aquello que proponen los servicios jurídicos: concederle la pensión por cesantía a Núñez y Cava de Llano, pero no a Nieto, según han confirmado fuentes parlamentarias a Público.

¿Por qué se discrimina a los dos expresidentes del Tribunal? La explicación es sencilla, argumentan las fuentes consultadas: Nieto dejó su cargo como máximo responsable de la institución fiscalizadora en 2007, pero siguió siendo consejero de la misma. Pero ya han pasado cinco años desde su cese, y por tanto "no concurren los requisitos establecidos en la ley" 74/1980. El apartado 10. 5 de la norma estipula que los exministros y asimilados tienen derecho a percibir, " a partir del mes siguiente en que se produzca el cese, y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de 24 mensualidades, una pensión indemnizatoria mensual igual a la doceava parte del 80% del total de las retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado". Nieto no pudo reclamar esa cesantía en 2007, porque todavía tenía puesto como consejero en el Tribunal, pero cinco años después de aquello pierde sentido, alegan en el Congreso, que se solicite. Fuentes parlamentarias insisten en que ese tipo de pensiones se establecieron en su día con dos objetivos: indemnizar durante un tiempo muy tasado (24 meses) al excargo en cuestión y, sobre todo, compensarle económicamente porque tras dejar su puesto se le aplican una serie de incompatibilidades. 

Renuncia del cobro

Sí cumplen los requisitos Núñez, que cedió el cetro del Tribunal a su sucesor, Ramón Álvarez de Miranda, este verano, en virtud de un acuerdo entre PSOE y PP, y Cava de Llano. Manuel Ángel Aguilar, segundo defensor adjunto de Múgica, también había presentado un escrito ante el Congreso, pero no pedía cobrar la cesantía, sino renunciar a ella, ya que reingresaba en su antiguo trabajo. 

Una vez autorizado el cobro por la Cámara baja, serán las respectivas instituciones (Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo) las que librarán la pensión. Núñez y Cava de Llano percibirán su indemnización mes a mes, y no a la vez. En el caso de Cava de Llano, recibirá su cesantía acorde con su retribución como primera adjunta al Defensor del Pueblo, ya que para esa responsabilidad fue elegida.

OTRO PUNTO CONFLICTIVO
Las liquidaciones presupuestarias se conocerán cada ejercicio

Esta mañana, el nuevo periódico digital ElDiario.es abría con la noticia de que el Congreso incumple desde hace 30 años el artículo 31. 1. 2 del Reglamento del Cámara, que obliga a presentar anualmente la ejecución de su presupuesto. 

Pues bien, la irregularidad se comentó en la reunión de la Mesa. Según confirmaron fuentes parlamentarias a Público, se acordó que la próxima semana, cuando se reúnan conjuntamente los órganos de gobierno de Congreso y Senado, se proceda a divulgar la liquidación de los presupuestos de 2011. Todos los grupos representados (PP, PSOE y CiU) estuvieron de acuerdo en hacerlo, también para adelantarse a la aprobación de la Ley de Transparencia. En principio, será la Intranet del Congreso la que difunda los datos. Así que, dado que los 350 diputados tienen acceso a ella, es previsible que no tarden en aflorar en los medios las cuentas del Parlamento.