El decreto de universidades del Gobierno reabre el debate sobre el sistema actual: "Es insuficiente"

El crecimiento de las universidades privadas en España, alimentándose durante décadas de un asedio calculado y una infrafinanciación crónica que ha dejado a las universidades públicas al límite, ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a mover ficha de manera "urgente". El Ejecutivo considera que la proliferación de centros privados podría estar debilitando el tejido universitario del país con proyectos "no suficientemente sólidos".

La semana pasada Sánchez anunció la modificación del Real Decreto-Ley de Manuel Castells de 2021, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. Con esta reforma, el Ejecutivo busca endurecer los requisitos de creación de centros universitarios, sobre todo de los privados. 

Esta iniciativa ha reavivado el debate sobre el futuro del sistema educativo superior en España. Alejandro Tiana, profesor emérito de Historia de la Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en declaraciones a Público, opina que, aunque la medida no soluciona todos los problemas de la universidad española, sí aborda algunos de ellos.

Según Tiana, la propuesta del Ejecutivo tiene como objetivo garantizar que todas las universidades, tanto públicas como privadas, cumplan con unos estándares básicos que les permitan ofrecer un servicio educativo de calidad. "Su propósito es evitar que se aprueben universidades con informes negativos, como ha ocurrido en varias ocasiones. En última instancia, busca proteger a los estudiantes de iniciativas que carecen de un rigor académico adecuado", explica.

Alejandro Tiana: "Aún no se han establecido mecanismos que permitan a las universidades públicas operar de manera autónoma"

No obstante, el experto señala que uno de los principales problemas del sistema universitario radica en la falta de una base económica sólida en las universidades públicas, "lo que les impide desarrollar e implementar estrategias de mejora a largo plazo". "Aunque la Constitución y las leyes siempre han destacado el principio de autonomía universitaria, aún no hemos establecido los mecanismos necesarios que permitan a las universidades, operando de manera autónoma, ofrecer un servicio público de la mejor calidad posible y con garantías de sostenibilidad", explica.

"En mi opinión, la medida adoptada por el Gobierno está bien encaminada. Lejos de buscar atacar a las universidades privadas, como algunos han afirmado sin fundamento, su objetivo es evitar las malas prácticas que han conducido a la aprobación de instituciones que no merecen el título de universidades", concluye el académico.

Por su parte, Eva Aladro, catedrática de Teoría de la Información en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), señala a Público que es fundamental cumplir con la legislación universitaria, que establece una inversión del 1% del PIB, "una cifra que actualmente no se alcanza, a pesar de que se están incrementando otros presupuestos como el de Defensa, que ha superado el 2%". La experta subraya que, para mejorar las universidades, es necesario cumplir con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), "lo que permitiría contar con mejores infraestructuras, más fondos para la investigación, mayores oportunidades de movilidad y becas, así como más plazas de profesorado".

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Eva Aladro (UCM): "Cualquier medida que no aborde la infrafinanciación no hará más que dar vueltas alrededor del problema"

"Todo esto no se contempla en la modificación propuesta. Las reformas planteadas se limitan únicamente a reorientar la desregulación de los centros privados, que son negocios especulativos y lucrativos", informa. "Cualquier medida que no aborde la infrafinanciación y el creciente poder del sector privado en las universidades no hará más que dar vueltas alrededor del problema sin afrontarlo de manera efectiva", insiste Aladro.

Jorge Pérez-Huet, estudiante de Derecho y Filosofía en la UCM y portavoz de la Plataforma UCM por la Pública, destaca a Público que otra medida necesaria para afrontar el deterioro de la universidad podría ser un cambio en la composición y el peso del Consejo Social, sugiriendo la eliminación o, al menos, una significativa reducción de la influencia del sector privado, mientras que se debería aumentar la representación de trabajadores y estudiantes. 

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Esto, según Pérez-Huet, debe ir en la dirección de una mayor democratización de los mecanismos y órganos de Gobierno universitarios, poniéndolos al servicio de la comunidad universitaria. También aboga por eliminar, o al menos reducir, la presencia de empresas privadas en las universidades, en áreas como el mecenazgo, la publicidad y los fondos de inversión. "El Gobierno debe velar por el derecho universal y público a la educación de calidad impidiendo que se someta a la libertad de mercado y a los vaivenes de los intereses de negocio", concluye.

Daniel Turienzo: "Aumentar los requisitos es una medida insuficiente. Debemos reconsiderar la oferta tanto pública como privada"

Daniel Turienzo, doctor en Educación, reconoce a Público que en este contexto surge una cuestión ideológica relacionada con la concepción de la universidad y sus objetivos. "El sistema educativo y universitario español ha gozado de una gran calidad, pero la aparición de nuevas entidades con estándares muy bajos, tanto en docencia como en investigación, puede poner en duda toda la estructura", advierte.

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"Aumentar los requisitos es una medida insuficiente. Primero, porque ya existen muchas universidades que no los cumplen y siguen operando, y segundo, porque considero que debemos reconsiderar la oferta tanto pública como privada", explica. "Por ejemplo, en estudios como Medicina u Odontología, mientras que el número de universidades públicas se mantenía constante, la oferta privada ha crecido significativamente, tanto en matrículas como en precios. Es necesario que, en ciertas carreras, especialmente aquellas con alta demanda, la universidad pública también aumente el número de plazas", expone Turienzo.

"Si queremos que las universidades sigan siendo instituciones generadoras de conocimiento y que contribuyan al avance de la sociedad, deben contar con una financiación estable, que no dependa de la productividad ni de la colaboración con entidades privadas, sino que sea principalmente pública", insiste el experto en Educación.

En qué consiste la nueva reforma universitaria

Según el informe del Gobierno que detalla la reforma de la universidad −al que ha tenido acceso Público−, en España existen actualmente 50 universidades públicas y 46 privadas. Pero varias comunidades autónomas evalúan en estos momentos nuevos proyectos que, de ser aprobados, marcarían un hito histórico: "Por primera vez, el número de universidades privadas superaría al de las públicas, una situación que no sucede en países como Francia, Alemania, Italia o Reino Unido". 

El documento añade que, en los últimos 25 años, se han autorizado 27 nuevas universidades privadas en España, mientras que no se ha creado ninguna de titularidad pública. "Esta tendencia ha tenido un impacto directo en la distribución del alumnado: en el curso 2024-2025, el 31% de los nuevos estudiantes optaron por centros privados, una cifra que asciende al 51% en el caso de los másteres universitarios", informa. 

En los últimos 25 años, se han reconocido 27 nuevas universidades privadas y ninguna de titularidad pública, según el informe del Ejecutivo

Además, señala que, algunas de las nuevas universidades privadas fueron reconocidas por ley autonómica y autorizadas al inicio de sus actividades, "pese a contar con informe desfavorable de la Conferencia General de Política Universitaria, al no alcanzar los estándares de calidad requeridos a una universidad en docencia e investigación". En este sentido, la reforma establece que solo podrán crearse nuevas universidades privadas si cuentan con un informe favorable y vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y si logran alcanzar un mínimo de 4.500 estudiantes en un plazo de cinco años. Hasta ahora, dicho informe tenía carácter consultivo.

El texto también recalca que la expansión de la enseñanza online y los modelos híbridos ha favorecido también la aparición de nuevos proyectos universitarios que, sin embargo, "presentan carencias significativas". Según el documento, estas iniciativas requieren una mejora sustancial en la calidad de su oferta académica, en sus métodos de evaluación y en la cualificación del profesorado, ya que "actualmente se sitúan por debajo de los estándares del sistema universitario español".

El Gobierno advierte que muchas de las universidades privadas creadas en los últimos años "muestran una escasa o nula actividad investigadora y de transferencia del conocimiento". Esta falta de desarrollo en dos de las funciones esenciales de la universidad −investigación y transferencia, junto con la docencia− supone, según el texto, "una ruptura con los pilares que definen a la universidad moderna en España y en Europa Occidental".

Eva Aladro, catedrática de la UCM, explica a este medio que la obligación de investigar mencionada en la reforma "debe ser mucho más estricta". Según la experta, es necesario evaluar la cantidad de proyectos de I+D+i y de investigación europea en las universidades privadas, ya que la calidad de la docencia y la investigación deben ir de la mano, y "actualmente, en las universidades privadas, la investigación es prácticamente inexistente".

La reforma contempla su entrada en vigor "inmediata" una vez sea aprobada por las Cortes Generales y un periodo transitorio de tres años

Según indica el escrito, se pedirán más criterios en todos los ámbitos de la actividad universitaria: la docencia, la investigación, la cualificación y formación del profesorado, la transferencia del conocimiento, la dotación de infraestructuras y equipamientos, la experiencia en gestión académica, la viabilidad económica a largo plazo, así como la transparencia en la estructura jurídica de las entidades promotoras y en sus mecanismos internos de aseguramiento de la calidad.

Dicha modificación contempla su entrada en vigor "inmediata" una vez sea aprobada por las Cortes Generales. Sin embargo, la norma incluye un periodo transitorio de tres años durante el cual las universidades y centros universitarios que ya estuvieran en funcionamiento antes de la aprobación de la reforma podrán ajustarse progresivamente a los nuevos estándares exigidos.

Los sindicatos piden más recursos y plazas 

Maribel Loranca, secretaria del sector de Enseñanza de UGT-Servicios Públicos, informa en declaraciones a Público que desde el sindicato reclaman un incremento en la financiación de las universidades públicas y que se aceleren las negociaciones para cumplir con el compromiso, establecido en la LOSU, de destinar al menos el 1% del PIB a la financiación de la educación superior. "Además, demandamos una ampliación de la oferta de plazas públicas, especialmente en los másteres habilitantes para el ejercicio de profesiones reguladas", agrega.

Loranca sostiene que se debe continuar aumentando el presupuesto destinado a becas y ayudas al estudio, tal como se ha venido haciendo. En cuanto al endurecimiento de los requisitos para la creación de nuevas universidades, considera que "el esfuerzo realizado con el real decreto de 2021 ha sido insuficiente, dado el contexto actual". Asimismo, afirma que "sin menoscabo de las competencias de los gobiernos autonómicos, desde UGT defendemos que tanto el informe de ANECA como el de la Conferencia General de Política Universitaria deben tener carácter vinculante".

Encina González, secretaria de la Universidad en la Federación de Enseñanza de CCOO, comparte la postura de UGT y afirma a Público que la medida propuesta no es suficiente. "Entre las acciones necesarias se encuentra un aumento en la financiación de las universidades públicas, la creación de un catálogo de titulaciones y asegurar que la oferta de las universidades privadas complemente a la de las públicas", sostiene. "Nuestra valoración inicial es positiva, aunque enviaremos algunas sugerencias al Ministerio", declara a este medio.

Debate político sobre la reforma universitaria

El anuncio de Sánchez sobre la reforma universitaria también ha reavivado el debate político en torno al modelo de educación superior en España. Algunas formaciones han aprovechado el contexto para plantear sus propuestas. Sumar aboga por una reforma constitucional que garantice por ley la financiación de la universidad pública, blindándola ante posibles recortes. Por su parte, Podemos plantea una revisión profunda de la LOSU con el objetivo de transformar el actual modelo y avanzar hacia la eliminación progresiva de la universidad privada.

Verónica Martínez (Sumar): "Nosotras ya planteamos una moratoria de diez años en la apertura de nuevas universidades privadas"

La portavoz de Sumar, Verónica Martínez, defiende la necesidad de una reforma constitucional que garantice la financiación de la universidad pública "hasta alcanzar el 1,3% del PIB". Además, subraya la importancia de consolidar una red de becas que permita a cualquier joven cursar estudios superiores, sin que las condiciones económicas supongan un obstáculo. En relación con la iniciativa de Sánchez, Martínez recuerda que su formación ya planteó anteriormente una "moratoria de diez años en la apertura de nuevas universidades privadas".

Por su parte, Javier Sánchez, portavoz parlamentario de Podemos, apuesta por la eliminación de la universidad privada, y deja abierta la posibilidad de que su grupo registre una iniciativa parlamentaria al respecto, aunque no precisa si se trataría de una ley en sí. Según fuentes cercanas a Podemos, en declaraciones a Público, la formación de Ione Belarra está considerando la opción de presentar una proposición de ley para reformar la LOSU.

El objetivo de esta reforma sería avanzar hacia un desmantelamiento progresivo de la universidad privada, mientras se refuerzan los requisitos de investigación para garantizar que las universidades transfieran conocimiento a la sociedad. Además, al igual que Sumar, Podemos contempla la creación de un plan de financiación que asegure la protección y el fortalecimiento de la universidad pública.

Esteban Álvarez (PSOE): "Las comunidades autónomas son las responsables de las universidades y deben comprometerse"

Esteban Álvarez, portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid, afirma en declaraciones a Público que "el Gobierno ha actuado dentro de sus competencias y ha ordenado lo que le correspondía". "Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente", indica. Álvarez subraya que el aspecto clave radica en la aplicación efectiva de las medidas. "Las comunidades autónomas son las responsables de las universidades y deben comprometerse con la calidad del sistema universitario. Sin ese compromiso, no se solucionará el problema de fondo, aunque se regule desde el Estado", dice.

Álvarez asegura que lo primordial es que las comunidades autónomas, como la de Madrid, asuman su responsabilidad. "No es aceptable que se aprueben universidades privadas con proyectos débiles, sin garantías, o incluso con informes técnicos en contra", señala. El portavoz socialista enfatiza en que "sin ciencia pública, sin una universidad que investigue, reflexione y forme con criterio, no hay futuro". Por ello, considera que la nueva normativa es un buen comienzo, pero destaca que ahora más que nunca es necesario defenderla en el lugar donde realmente se decide: las comunidades autónomas.