El Gobierno investigará a fondo el 'caso Jéssica' para saber qué "criterios de mérito y capacidad" se valoraron para contratarla

En el Gobierno no están satisfechos con el resultado del proceso aún abierto en la empresa pública Tragsa para depurar responsabilidades por el escándalo del trabajo fantasma de Jéssica R., la ex pareja sentimental de José Luis Ábalos, en Tragsatec, una de sus empresas filiales. Hasta ahora, la investigación en curso se ha saldado con un único cese, el de un cargo de tercer nivel, como adelantó este diario. Por ello desde la Sepi, el holding público bajo el paraguas del Ministerio de Hacienda y principal accionista de Tragsa, reclaman que la alta dirección de su participada lleve la investigación en curso hasta sus últimas consecuencias.

El martes, el presidente de Grupo Tragsa, Jesús Casas, hizo circular entre sus altos directivos un comunicado donde alegaba que, de lo investigado hasta la fecha en «un procedimiento de análisis que aún no ha concluido», parece inferirse que «la actuación de Tragsatec fue acorde a nuestros procedimientos». «La contratación se habría llevado a cabo tras una convocatoria abierta publicada en la Web, y tras un proceso de selección, atendiendo a criterios de igualdad, mérito y capacidad», reza el comunicado de Casas, que avanzó ABC y ha podido cotejar EL MUNDO.

La Sepi habría puesto ya el foco en conocer si esos «méritos y capacidades» que, supuestamente, acreditó Jéssica R. fueron comprobados con el rigor y la exhaustividad que caracteriza a los procesos de contratación de la empresa pública, según apuntan a este diario fuentes conocedoras. Y es que en Tragsatec, además de un exhaustivo control horario aplican un potente filtro a las nuevas contrataciones que, entre otras medidas, consiste en lo que se conoce como killer questions (preguntas asesinas), que desde la empresa trasladan a los potenciales fichajes antes de oficializar el contrato para comprobar que, efectivamente, cumplen con las capacidades que han acreditado en el proceso de selección.

Tragsatec es la filial de Tragsa que concentra la inmensa mayoría de los alrededor de 26.000 empleados del grupo, y la que ejecuta los encargos que este recibe de la Administración pública, su único cliente. En el marco de uno de estos encargos se produjo, en 2021, el fichaje de la excompañera de Ábalos, en concreto, para un proyecto encargado por Adif, el gestor ferroviario que en aquel momento dependía del Ministerio de Fomento, que entonces dirigía Ábalos. Durante los seis meses de relación laboral con Tragsa, Jéssica R. nunca fue a trabajar. Así lo aseguró ella misma en su declaración en el Tribunal Supremo como testigo en el caso Koldo, y así lo reconoció el propio Casas en el email.

Este punto es clave para entender la argumentación del presidente de Tragsa, que en su comunicado trata de responsabilizar a Adif del absentismo de la ex pareja de Ábalos aunque, a la vez, llega a reconocer que en Tragsa eran plenamente conocedores de la ausencia de la empleada. «La auditoría interna ha constatado que (...) no registró su jornada laboral», asegura el máximo responsable de la entidad contratante, que detalla que los responsables del encargo dentro de Tragsa «trataron de trasladar a la persona implicada y al cliente esta irregularidad», pero «a pesar de los esfuerzos realizados, la persona contratada continuó sin realizar el registro de jornada». En definitiva, Casas resta importancia a los pormenores del proceso de selección que abrió a Jéssica R. las puertas de la empresa pública. En cambio, sugiere que la responsable final de su absentismo es el propio cliente, Adif, que entonces presidía Isabel Pardo de Vera.

El comunicado de Casas no ha sentado bien en la plantilla de Tragsa, donde critican que las explicaciones por un escándalo que afecta a la reputación del conjunto de la entidad se hayan limitado a los primeros niveles de dirección. En Sepi están aprovechando el canal de denuncias internas de Tragsa para recabar información del caso Jéssica, según fuentes sindicales. El holding de Hacienda difundió este canal en abril del año pasado a través de unos carteles dirigidos a los empleados de Tragsa que todavía siguen colgados por la empresa. «Si algo va mal, no te quedes como una estatua, utiliza el canal del informante», es el eslogan que puede leerse en dichos carteles.

Fuentes oficiales de la Sepi han evitado hacer comentarios ante las preguntas de este medio y se han remitido a Tragsa. Desde esta, a su vez, se han limitado a asegurar que la investigación interna sigue su curso

Responsabilidades

El alegato de Casas contrasta, no obstante, con el reciente cese de Caridad Martín Palacios, gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal de Tragsatec, que se certificó justo después de la declaración de Jéssica R. en el Supremo. La única vinculación de Martín Palacios con esta empleada fue que el encargo para el que fue contratada recaló en su gerencia. La cesada no pilotó el proceso selectivo por el que se la contrató, de modo que, en su momento, su salida se justificó internamente sobre la base de que la gerente no controló lo suficiente la asistencia de la trabajadora. Ahora, según Casas, dicha función le hubiera correspondido a Adif. A lo largo del comunicado, el presidente de Tragsa evita citar al gestor ferroviario y se limita a aludir a esta como «el cliente».

Si la Sepi tiene especial interés en resolver el escándalo es porque Tragsa es un ente público que, a nivel societario, depende del holding estatal. La Sepi es su mayor accionista, con el 51% del capital, el resto se lo reparten entre el conjunto de las autonomías. Pero lo cierto es que, a nivel operativo, Tragsa depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que desde 2018 capitanea Luis Planas. Esta es la cartera que realmente ejerce la tutela del grupo que preside Casas. No en vano, el PP ha pedido la comparecencia de Planas en la comisión de investigación abierta en el Senado por el caso Koldo.

Planas salió ayer al paso de la polémica ante los medios. El ministro marcó distancias con Tragsa cuya tutela «se limita a los objetivos y al plan estratégico», y con el propio Casas, con quien aseguró «despachar un par de veces al año». El titular de Agricultura fue un paso más allá y circunscribió unos hechos que calificó de «absolutamente lamentables» al ámbito de «la gestión ordinaria de la empresa y de sus directivos». «Lo que tenemos que hacer es aclarar y depurar responsabilidades por parte de esta empresa», zanjó Planas.

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha exigido la comparecencia de Casas y del director de Tragsatec, Juan Pablo González Mata, así como la del ministro de Transportes, Óscar Puente, por los dos años que Jéssica R. estuvo contratada sin trabajar en Ineco, otra empresa pública que depende de Transportes. A diferencia de Planas, Puente no estaba al frente de la cartera durante la relación laboral de Jéssica R. con Ineco. Además, tanto la entonces presidenta de Ineco, Carmen Libero, como el que fuera responsable de Recursos Humanos cuando se produjo el contrato, Jorge San José, han salido de la entidad.

Los sindicatos también han pedido explicaciones. Desde CSIF se han dirigido a la dirección tanto de Tragsatec como de Ineco para pedir explicaciones ante el supuesto caso de "enchufismo" y han exigido «depurar responsabilidades al más alto nivel» y una investigación con resultados públicos. Por su parte, CCOO lanzó esta semana un contundente comunicado donde apuntan que la contratación de Jéssica «no parece ser solo fruto de una mala gestión, sino un hecho conocido y promovido desde la dirección», lo que lleva al sindicado a calificar la actuación de «acto de corrupción» dentro de la empresa.